
Fue realizado a través de un decreto que expidió el presidente de la república, general Antonio López de Santa
Anna, el 15 de julio de 1842. El proyecto fue promovido el 12 de mayo de ese
año por Nicolás Bravo y apoyado por Juan Álvarez, a través de un expediente
realizado por Bernardino Villanueva. La propuesta consistió en iniciar la
construcción de una de las principales carreteras del país, desde la capital de
la república a la costa del mar del Pacífico por el rumbo del Sur del
Departamento de México. El camino carretero tendría de nueve a diez varas de
ancho (de siete a ocho metros) y con declives para el derrame de las aguas, además se
construirían dos puentes en los ríos Mezcala y Papagayo. Para auxiliar en los
trabajos de la obra se edificarían tres presidios, en los puntos existentes
entre la capital y Puente de Ixtla, Puente de Ixtla y el río Papagayo, y de
este último a Acapulco. En estos presidios serían destinados los vagos y
delincuentes que merecieran pena correccional, los gastos de su manutención y
vigilancia serían sufragados por la Aduana de Acapulco. Para financiar la obra vial se
creó una Junta de Accionistas en donde cada acción valía cinco mil pesos. Algunos
accionistas fueron: Nicolás Bravo, Bernardino Villanueva, Gabriel Valencia,
Luis Gonzaga Vieyra, con una acción; y Juan Álvarez con media acción.
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